Fomerrey presenta Atlas de Asentamientos Irregulares en Nuevo León

El director del Instituto de la Vivienda de Nuevo León (Fomerrey), Eugenio Montiel Amoroso, presentó el Atlas de los Asentamientos Humanos Irregulares, un diagnóstico que dimensiona la problemática de la regularización de predios en el estado y alerta que los principales obstáculos no son únicamente técnicos o jurídicos, sino también políticos, económicos y sociales.

El funcionario subrayó que los procesos de regularización no deben frenarse por coyunturas electorales o estacionales, y denunció la existencia de un mercado negro de venta ilegal de lotes.

“Sea o no época electoral, los predios deben regularizarse; no debe haber complacencias”, afirmó.

Radiografía de los asentamientos en NL

Montiel informó que, tras una investigación iniciada en 2022, se confirmó la existencia de 425 asentamientos irregulares en Nuevo León, de los cuales:

• 78 son viables

• 211 presentan problemáticas superables

• 136 no son regularizables

De estos últimos, 126 se ubican en zonas de riesgo y 10 en áreas naturales protegidas.

Indicó que Fomerrey proyecta cerrar el sexenio en 2027 con 92 asentamientos regularizados, una cifra histórica, a pesar de que los procesos pueden tardar hasta 36 meses, debido a la exigencia de 63 trámites contenidos en 13 normas jurídicas distintas.

Alta concentración en la zona metropolitana

El titular de Fomerrey detalló que el 76% de los asentamientos irregulares se concentra en la Zona Metropolitana de Monterrey, y casi el 40% se localiza en la capital del estado, principalmente en zonas de alto riesgo, donde será necesaria la reubicación de familias.

Soluciones y llamado al Congreso

Como parte de las estrategias, destacó la creación de reservas territoriales, con cerca de 9 mil lotes con servicios, y citó como ejemplos de avance los desarrollos Monte Kristal, en el municipio de Juárez, y Luz María, en Pesquería.

Finalmente, Eugenio Montiel hizo un llamado directo al Congreso del Estado y a los municipios para revisar y simplificar el marco legal en materia de regularización.

“Los asentamientos irregulares no pueden seguir tratándose como si fueran fraccionamientos nuevos; necesitamos leyes más simples, trámites más cortos y, de ser posible, gratuidad, porque hoy los costos pueden alcanzar hasta 100 mil pesos y terminan siendo impagables para las familias”, concluyó.